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El Gobierno colombiano ha decidido ejercer, en al menos dos casos recientes, una de sus facultades más sensibles en política exterior: frenar la extradición de jefes de estructuras armadas solicitados por Estados Unidos. Se trata de una jugada estratégica para proteger los avances de la paz total, pero también de una fuente creciente de tensiones institucionales y diplomáticas, que incluso podrían escalar la tensa relación con Estados Unidos.
Este martes se conoció que el Ejecutivo bloqueó la extradición de Willinton Henao Gutiérrez, conocido como “Mocho Olmedo”, segundo al mando del frente 33, una de las estructuras más activas del Estado Mayor Central de los Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia al mando de “Calarcá Córdoba”.
Apenas un mes antes, el Gobierno había hecho lo mismo con Gabriel Yepes Mejía, conocido como “H.H.”, máximo comandante de Comuneros del Sur, requerido por una corte del estado de Texas por tráfico de cocaína. Ambos forman parte de estructuras armadas que participan en procesos de diálogo con el Gobierno que, aunque se mantienen, han tenido pocos avances.
Colombia+20 conoció que ya hay nuevas investigaciones abiertas en cortes estadounidenses (también conocidas como “indictments”) contra otros jefes de Comuneros del Sur y los Comandos de Frontera, uno de los brazos armados más activos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), otra disidencia de las antiguas FARC.
Uno de ellos es “Andrés Allende”, máximo comandante de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, también perteneciente al CNEB, de quien se dice que tiene un rol clave en la articulación de economías ilegales transfronterizas. En diciembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a “Allende” por narcotráfico.
El disidente es acusado por ese país de controlar rutas de narcotráfico entre Colombia y Ecuador por la zona del Pacífico y, según el gobierno norteamericano, colabora con el cartel de Sinaloa en la distribución de estupefacientes en las rutas México y Centroamérica hacia Estados Unidos y Europa.
El otro caso es Jorge Wilfredo Rosero Marín, conocido como “Fercho”, también de Comuneros del Sur, con una circular azul de Interpol por narcotráfico.
Las pruebas de fuego: “Araña” y “John Mechas”
Uno de los casos que más podría tensar la relación con Estados Unidos es el de Javier Alfonso Velosa García, conocido como “John Mechas”, jefe del frente 33 y con una orden de extradición vigente por el atentado contra el expresidente Iván Duque y el ataque a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. En ese lugar había personal estadounidense, y por ello ese disidente es tan importante para el gobierno norteamericano.
En el caso de “John Mechas”, frenar la extradición tendría más repercusiones para Colombia tanto por el carácter político de los ataques como por la presión internacional.
El siguiente en la lista es Giovanni Rojas, “Araña”, comandante de los Comandos de Frontera, capturado en febrero de este año en un hotel de Bogotá tras terminar el tercer ciclo de diálogos. Para el Gobierno, “Araña” representa una ficha clave para destrabar los acercamientos en la frontera sur, especialmente en Putumayo. Para Estados Unidos es un objetivo estratégico vinculado al tráfico de drogas y al control de corredores cocaleros.
Aunque su orden de extradición aún no se ha formalizado, se espera que esta semana se conozca la decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia. Una vez eso pase, el presidente Petro tendrá la última decisión.
El otro guerrillero con orden de extradición es Oliverio Orfilio Pai, delegado en la mesa de Comuneros del Sur y quien figura como uno de los delincuentes más buscados en el suroccidente del país por las acciones cometidas durante su paso por el ELN. Comuneros es una facción que se dividió de esa guerrilla. En su prontuario se reseña reclutamiento de menores, acciones terroristas, manejo de explosivos y es conocido como un delincuente de “alta peligrosidad” por sus conocimientos en tácticas de guerra.
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Gobierno Petro defiende freno a extradición
La política del gobierno Petro sobre las extradiciones se fundamenta en que si los solicitados por Estados Unidos se comprometen con el proceso de paz, entregan información sobre redes criminales, sustituyen economías ilícitas, reparan a las víctimas y cesan las hostilidades, entonces la orden se frena. Sin embargo, para varios sectores este enfoque corre el riesgo de convertirse en una ventana de impunidad, sobre todo si no se cumplen mecanismos estrictos de verificación.
Hace unos días el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió públicamente la decisión: “La extradición es una decisión del Ejecutivo. Si estas personas contribuyen de manera efectiva a la paz total, el Gobierno puede, y debe, suspenderla”, dijo en una entrevista con la agencia AFP.
Petro se ha pronunciado dos veces sobre sus decisiones sobre la extradición. La más reciente fue el martes cuando dijo: “La ley me permite detener extradiciones si hay un avanzado proceso de paz, y el avanzado proceso consiste en remover las causas de la violencia: la economía ilícita. La extradición del señor “Olmedo” depende de si se sustituyen miles de hectáreas de cultivos ilícitos o no”.
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La ley me permite detener extradiciones si hay un avanzado proceso de paz, y avanzado proceso consiste en remover las causas de la violencia: la economía ilícita. La extradición del señor Olmedo depende de si se sustituyen miles de hectáreas de cultivos ilícitos o no. https://t.co/tgrmw9pbKW
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 1, 2025
El gobierno de Estados Unidos ha retomado un discurso duro y punitivo frente al narcotráfico, y observa con recelo las decisiones del gobierno Petro de suspender la entrega de jefes armados requeridos por cortes federales. Aunque aún no ha habido un pronunciamiento oficial de la Casa Blanca sobre los casos de “H.H.” o “Mocho Olmedo”, fuentes diplomáticas advierten que Washington podría endurecer la cooperación judicial y condicionar la asistencia en seguridad si se consolida una política sistemática de no extradición.
Y a eso se suma el fantasma de la descertificación en la lucha contra las drogas que ronda con fuerza en Colombia. En círculos del Congreso estadounidense ya se discute la posibilidad de que Colombia sea descertificada, una medida que no se toma desde 1996 y que afectaría la ayuda económica, militar y de inteligencia.
La decisión sobre la eventual extradición de estos negociadores y delegados, sin duda, pondría a prueba los límites de la paz total.
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